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Nuestro ordenamiento jurídico garantiza y favorece la libertad humana y la dignidad de la persona, presupuestos esenciales de toda forma de libertad y autonomía personal, y también de la libertad de conciencia y del correlativo derecho a objetar.

Tradicionalmente, la institución de la objeción se ha relacionado con la oposición al cumplimiento de una norma o deber, por razones de índole religiosa o ideológica a cualquier forma de violencia, y por ello, al entrenamiento militar. No obstante, en ningún caso se agota en el ámbito de la objeción de conciencia al servicio militar o la objeción fiscal a los gastos militares.

Lejos de constituir las únicas formas de disentir frente a las políticas, en los últimos años surgen otras muchas situaciones en las que la moral privada de particulares ciudadanos se opone a las previsiones normativas, vigente con carácter general, gestándose un sinfín de nuevas formas de objeción. Alrededor no faltan ejemplos.

Piénsese, en la objeción de conciencia de los profesionales de la medicina a la práctica de técnicas de reproducción asistida, interrupciones de embarazo, eutanasia o auxilio al suicidio; en la objeción del sector farmacéutico a la dispensación de la píldora del día después, e incluso, en otros ámbitos, en la negativa a participar en la institución del jurado, mesas electorales, o en la objeción de conciencia en el aula, descrita como el derecho del profesorado a no impartir clases en aulas a las que asista una mujer obligada a vestir velo.

Entre todas estas formas de objeción, entendemos, también cuenta la del cannabicultor privado que cultiva con la única finalidad de autoconsumo terapéutico, y a tal fin, formula la correspondiente solicitud al organismo administrativo competente, publicitando su condición de consumidor-no traficante sin ánimo de incurrir en actividad criminal contraria a la salud colectiva, sino de proteger su salud personal.

 

OBJECIÓN

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, por objeción de conciencia ha de entenderse, especialmente en el servicio militar, la negativa a realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos. No obstante, según se define en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio europeo de Derechos Humanos, el derecho a la objeción de conciencia es algo mucho más amplio que constituye componente básico del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

En todo caso, la objeción de conciencia se produce cuando existe una contradicción entre una obligación legal y la conciencia individual, entre un deber jurídico y un deber moral. A la vista de tal dicotomía, por ejercicio del derecho a la objeción de conciencia suele entenderse la negativa de una persona a adoptar y someterse, por convicciones individuales, a una conducta que, en principio sería jurídicamente exigible, en virtud de un mandato legal o una norma jurídica, invocando la existencia, en su conciencia, de un imperativo ético, filosófico-moral o religioso que le prohíbe e imposibilita dicho cumplimiento.

Así pues, todo ejercicio del derecho de objeción implica siempre el incumplimiento de un concreto mandato u obligación de naturaleza jurídica, prevista con carácter general, cuya observancia y acatamiento arrojaría como consecuencia para la persona una agresión de carácter grave para su propia conciencia.

 

DERECHO A OBJETAR

En particular, la Constitución de 1978, en su artículo 30.2, garantiza la objeción de conciencia a prestar el servicio militar, institución por todos de sobra conocida. Esta es la única forma de objeción que posee una regulación legal específica en nuestro ordenamiento jurídico, como derecho constitucional, no incluido entre los derechos de carácter fundamental.

No obstante, la jurisprudencia constitucional ha permitido, aún restrictivamente configurar otras formas de objeción con relación a la práctica de técnicas de interrupción del embarazo, reconociendo, en definitiva, la existencia del derecho a objetar con referencia a otros específicos deberes legales.

Más ampliamente, en Sentencia nº 53/1985, de 11 de abril, el Tribunal Constitucional se pronunció a favor del carácter fundamental del derecho de objeción, en cuanto derivado del derecho más amplio de libertad ideológica y religiosa: “La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución Española y, como este Tribunal ha indicado en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable en materia de derechos fundamentales”, manteniendo también que, “por lo que refiere al derecho a la objeción de conciencia… existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación”.

Con todo, no existe uniformidad respecto al carácter fundamental, o no, del derecho a objetar por motivos de conciencia personal. Según resulta de algunas opiniones manifestadas por el Tribunal Constitucional, se trata de un derecho constitucional reconocido por la Constitución en su artículo 30.2, protegido, sí, por el recurso de amparo, pero cuya relación con el artículo 16 (libertad ideológica) no autoriza ni permite calificarlo de fundamental.

 

Texto/Foto: Clara Colomer Carrillo/ Yerba

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No obstante lo anterior, lo cierto es que el derecho a la objeción de conciencia se 3encuentra reconocido tanto en las normas de las Naciones Unidas como en las de la Unión Europea. Baste señalar que, como se alude en Sentencia del Tribunal Constitucional nº 15/1982, de 23 de abril, la Resolución 337/1967 de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, afirma, de manera expresa, que “el reconocimiento de la objeción de conciencia deriva lógicamente de los derechos fundamentales del individuo garantizados en la Convención Europea de Derechos Humanos, que obliga a los Estados miembros a respetar las libertades de conciencia y religión”.

En consecuencia, descartando que solo merezcan cobertura jurídica las formas de objeción expresamente reconocidas por el legislador, compartimos la opinión de aquellos autores que se inclinan por considerar que el derecho a la objeción de conciencia tiene un núcleo irreductible, un contenido esencial, consistente en constituir un derecho a ser declarado exento de un concreto deber general, que contribuye a mantener que se trata de un auténtico derecho fundamental en todas las modalidades de su ejercicio.

Más aún, si atendemos a que existe un acuerdo bastante generalizado a la hora de considerar que la Sentencia nº 53/1985 configura la objeción de conciencia sanitaria frente al aborto como un derecho fundamental derivado directamente del artículo 16 de la Constitución, para cuyo ejercicio no es necesaria regulación legal alguna, ello significa que, dicha objeción, podrá siempre ejercitarse sin necesidad de que el legislador ponga en marcha una normativa específica para tal supuesto.

En Sentencia nº 15/1982, de 24 de abril, el Tribunal Constitucional ya señaló acertadamente que “tanto la doctrina como el derecho comparado afirman la conexión entre la objeción de conciencia y la libertad de conciencia.

Para la doctrina, la objeción de conciencia constituye una especificación de la libertad de conciencia, la cual supone no solo el derecho a formar libremente la propia conciencia, sino también a obrar de modo conforme a los imperativos de la misma”. En esta línea, la objeción de conciencia constituye, “per se” o por derivación del artículo 16 de la Constitución, un verdadero derecho fundamental.

 

CANNABIS TERAPÉUTICO

Conforme a lo establecido por la Ley del Medicamento, que determina las condiciones generales de utilización y comercialización de los medicamentos de plantas medicinales, la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo nº 190, de 28 de enero, estableció la lista de plantas cuya venta al público queda prohibida o restringida por razón de su toxicidad.

Dicha orden incluye la planta entera de cannabis. En su consecuencia, en modo alguno, resulta reconocida oficialmente la virtualidad terapéutica del cannabis.

De acuerdo con los convenios internacionales, la Ley 17/67, de 8 de abril, en su artículo 22, establece que “no se permitirán otros usos de los estupefacientes que los industriales, terapéuticos, científicos y docentes autorizados”, disponiendo, en su artículo 8.1 que “ninguna persona natural o jurídica podrá dedicarse al cultivo… ni aún con fines de la pertinente autorización”.

Y, al respecto de dicha autorización, en informe elaborado por el Fiscal, Sr. Sequeros Sazatornil, sobre la legalidad del cultivo de cannabis, se mantiene que “con independencia de que los actos de cultivo puedan resultar irrelevantes penalmente por hallarse la droga preordenada al propio consumo, siempre que la planta posea concentración del principio activo será necesaria autorización para su cultivo, pudiendo reportar su infracción la correspondiente sanción administrativa.

Cultivo que solo podrá llevarse a cabo legalmente en España con la autorización de la División de Estupefacientes de la Agencia Española del Medicamento, adscrita al Ministerio de Sanidad y Consumo, por lo que la puesta en marcha de dicho cultivo, al margen de dicho requisito, tendrá además y en principio, al menos inicialmente, la consideración de tra´fico ilícito de sustancias estupefacientes”.

En este marco, conviene recordar las Sentencias del Tribunal Constitucional que expresamente mantienen que la objeción de conciencia existe por sí misma y puede ser ejercitada con independencia de que se haya dictado o no su regulación, ya que forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa.

Sobre esta base, puede defenderse que, en cuanto el derecho a la objeción de conciencia es un derecho previsto en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, todo ciudadano puede hacer uso y ejercicio responsable del mismo, si bien, dado que cualquier ejercicio de este derecho entraña una excepcional exención de un deber general, ha de ser declarado efectiva existente en cada caso.

Aún existiendo otras formas, al alcance del cannabicultor, de exteriorizar su disconformidad con la norma contenido en el artículo 368 del Código Penal, en su abstracta referencia al cultivo, como pudiera ser integrándose en una asociación o colectivo ciudadano, en relación con el cultivo y la tenencia de cannabis terapéutico, la solicitud de autorización para cultivar, a que refiere el artículo 8.1 de la Ley 17/67, de 8 de abril, consideramos constituyente medio especialmente idóneo.

Al disponer que “ninguna persona natural o jurídica podrá dedicarse al cultivo…, ni aún con fines de experimentación, sin disponer de la pertinente autorización”, es defendible que la citada norma abre la puerta a la objeción formal del cultivador-consumidor de cannabis por motivos terapéuticos, más cuando siguiendo la tesis de la fiscalía, cualquier cultivo de cannabis ha de venir precedido de la correspondiente autorización del órgano administrativo competente. Trámite que, en definitiva, permite al cannabicultor terapéutico aportar sus firmes razones y convicciones, a los efectos de que se le declare exento del deber general de no cultivar cannabis.

De esta forma, la citada norma pueda quizá permitir la normalización de ciertos actos de cultivo y tenencia terapéutica, detrayéndolos de los riesgos de criminalización y castigo, previa la correspondiente autorización administrativa, y siempre que se respeten los límites que, en su caso, la misma determine.

 

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CONCLUSIÓN

Reconocida oficialmente, en modo alguno, la virtualidad terapéutica del cannabis, siquiera sea por su inclusión en la lista anexa a la citada orden, y siendo que, cada día, en un sinfín de ocasiones, se plantean situaciones de objeción vinculadas al consumo terapéutico de dicha sustancia, resulta que, nuestro ordenamiento jurídico dispone de una concreta vía para canalizar esa conciencia ciudadana.

Así, en aquellos casos en los que el cultivo privado de cannabis viene justificado en el padecimiento de concretas dolencias, la realización de actos de cultivo con exclusivo destino al consumo personal por motivos terapéuticos, se convierte en una objeción moral, en nombre del propio interés en preservar la propia salud y el particular estilo de vida.

En una necesidad personal basada en firmes creencias de carácter ético-moral y un consciente y firme deseo de actuar conforme a ellas, en contra de una ley prohibicionista considerada injusta o sin sentido, todo lo cual debe ponerse de manifiesto al organismo competente, por medio de la correspondiente solicitud de autorización.

En conclusión, la objeción de conciencia del cultivador-consumidor de cannabis terapéutico, tal cual, empieza a perfilarse con fuerza, como conflicto específico, realidad que requiere ya de atención política y de un amplio y justo debate-social, sanitario, político y jurídico-criminal, que encuentre el adecuado equilibrio entre los que prescriben las leyes prohibicionistas y los que miles de ciudadanos, consumidores de cannabis por motivos terapéuticos, desean en concencia.

A los poderes institucionales del Estado de una sociedad democrática y pretendidamente avanzada, corresponden encontrar una ecuánime solución a nuestra compleja realidad social. Una solución equilibrada, influenciada por aquello que los ciudadanos piensan que debería hacerse, y por los principios básicos de nuestro orden constitucional.

Ahora bien, antes de tomar decisiones con trascendencia ética, nuestros mandatarios han de comprender la experiencia, percepciones y sentimientos de muchas personas enfermas. Stuart Mill ya decía que era equivocado presuponer que el pueblo es adulto y responsable para votar en democracia e infantil o necesitado de paternalismo cuando pensamos en el tema de las drogas.

 

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